Mientras el Fenómeno El Niño 2026-2027 avanza conforme a los pronósticos climáticos, la población peruana enfrenta un peligro tan destructivo como el desborde de un río: la inacción burocrática por el cierre de gestión municipal. Sin embargo, la legislación peruana otorga a la sociedad civil los mecanismos necesarios para exigir que la prevención no se quede en promesas de escritorio. No se trata de armar cacerías de brujas ni condenas anticipadas, sino de activar una fiscalización técnica y documentada antes de que el agua ingrese a los hogares.
- El ENFEN advierte que el calentamiento costero de El Niño mantendrá una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.
- La ciudadanía no tiene que esperar el desastre: herramientas legales permiten fiscalizar hoy los presupuestos y obras de mitigación de las autoridades salientes.
- La omisión de funciones en la prevención del riesgo de desastres está tipificada con penas de cárcel en el Código Penal.
El último reporte oficial del Comité Multisectorial ENFEN (Comunicado N.º 19-2026) ha confirmado que el calentamiento anómalo frente a nuestra costa podría conservar una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Con lluvias por encima de lo normal proyectadas para toda la costa norte, central y la sierra occidental entre noviembre y enero, la complacencia de los alcaldes que dejan el cargo el próximo 1 de enero equivale a una negligencia que cuesta vidas.
A este panorama climático se suma una preocupante asfixia presupuestaria. El reciente Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM elevó a 1,380 los distritos declarados en estado de emergencia en 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. No obstante, la norma prescribe que las intervenciones preventivas deberán financiarse exclusivamente con los presupuestos institucionales ya comprometidos de cada municipio, sin inyecciones adicionales del Tesoro Público. Esta "trampa de cierre de año" obliga a la ciudadanía a vigilar con lupa el destino de cada sol remanente.
El Escudo de la Ley: Las obligaciones que un alcalde debe demostrar
Bajo el marco de la Ley N.º 29664 (Ley del SINAGERD) y sus recientes modificatorias, los alcaldes son las máximas autoridades responsables de la gestión del riesgo en sus jurisdicciones. La ciudadanía tiene el derecho pleno de exigir por mesa de partes documentos físicos que acrediten la preparación real y el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Evidencia cartográfica: Mapas actualizados de zonas críticas, quebradas y sistemas de drenaje urbano activados.
- Gestión presupuestal: Reportes de certificación, compromiso y devengado de los saldos del FONDES y partidas de emergencia.
- Logística de choque: Cuadros de disponibilidad de maquinaria pesada, almacenamiento de combustible y estado de las defensas ribereñas.
- Actas de coordinación: Registros de las reuniones del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo y su articulación con Defensa Civil.
🔍 Los 6 Factores de Riesgo en la Mira Ciudadana
Tal como detalla nuestro material de orientación y participación ciudadana, la fiscalización comunal debe centrarse en los puntos críticos de peligro inminente mapeados para este trimestre:
- Lluvias intensas y crecida de ríos: Exigir los planes de contingencia frente al exceso de agua.
- Quebradas activadas: Verificar la instalación de mallas dinámicas o sistemas de alerta temprana.
- Huaicos y deslizamientos: Monitorear las rutas de evacuación debidamente señalizadas.
- Viviendas vulnerables y vías en riesgo: Fiscalizar los padrones de empadronamiento y el estado de la infraestructura vial local.
La Ruta de la Vigilancia: De la Transparencia a la Fiscalía
Para evitar que los distritos vulnerables caigan en el desamparo debido al "apagón administrativo" de la transferencia de mandatos en enero, los comités vecinales y ciudadanos organizados cuentan con una ruta legal clara de dos pasos:
1. El filtro preventivo: Acceso a la Información Pública
Utilizando los mecanismos de la Ley N.º 27806, cualquier ciudadano puede solicitar formalmente las copias digitales de los planes de contingencia y expedientes técnicos de descolmatación. Las municipalidades tienen un plazo improrrogable de 10 días hábiles para entregar la documentación sin costo de reproducción si es vía correo electrónico. El retraso o la demora injustificada en estas entregas activa de inmediato la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios bajo la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444).
2. La vía penal: Denuncia por Omisión Funcional
Si tras la revisión documental —o la falta absoluta de respuesta— se constata que existieron advertencias explícitas de entidades como el Senamhi o Indeci y la autoridad civil se rehusó a actuar teniendo los recursos asignados en sus cuentas, se configura un escenario de relevancia penal.
El artículo 377 del Código Penal sanciona penalmente la omisión, rehusamiento o demora ilegal de actos funcionales con penas privativas de la libertad de hasta dos años. El fin del mandato municipal en diciembre no borra las responsabilidades del funcionario; los ciudadanos pueden canalizar denuncias formales con evidencias fotográficas, reportes técnicos locales y cargos de solicitudes sin responder directamente a través del portal de denuncias en línea del Ministerio Público (https://mpfn.gob.pe).
La prevención técnica salva vidas, pero solo la fiscalización civil activa la máquina del Estado. Es hora de que las comunidades de los 1,380 distritos declarados en emergencia exijan los papeles sobre la mesa antes de que el Fenómeno El Niño dicte su propia sentencia.
📥 Descarga las herramientas de fiscalización ciudadana
Milenial News pone a disposición de sus lectores y comités vecinales los formatos editables gratuitos de solicitud de información y modelos de alerta técnica para ser presentados ante sus respectivas comunas (Anexo 01: Solicitud de acceso a la información pública / Anexo 02: Modelo referencial de denuncia penal ciudadana). Escríbenos a nuestras redes o canales de consulta para recibir los documentos de guía. Descarga los formatos en este enlace en formato word para que puedas solicitar información a tu municipalidad y si no te la dan, puedas denunciarlos por omisión de funciones.


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